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La SEGO se basa en el límite fijado por la Organización Mundial de la Salud, que establece la viabilidad fetal en las 22 semanas de gestación -o 24 desde la última regla-, a pesar de que si el bebé naciera en este tiempo tendría más de un 74% de posibilidades de fallecer y muchas opciones de tener un desarrollo neurológico anormal.
Esta sociedad ha presentado un documento elaborado por su comisión de bioética para mostrar su postura frente al aborto, "ante la alarma social manifestada en los últimos meses". La declaración gira en torno al eje de la viabilidad fetal.
Sin embargo, el concepto jurídico de aborto "es más amplio". Para Bajo Arenas, "ha llegado el momento de acompasar la legislación a la medicina" y de emplear "correctamente" el término aborto, que no se debe utilizar al hablar de interrupciones que superan la semana 22.
'POCOS CASOS EN LSO QUE SOBREPASAR ESE LÍMITE'
Han añadido que para ellos existen muy pocos casos en los que se deba interrumpir una gestación más allá del límite de la viabilidad fetal. El primero, en caso de peligro para salud física y psíquica de la madre, se solucionaría induciendo el parto. Según cifras aportadas por el propio presidente de la sociedad, un niño nacido en la semana 24 tiene un 26% de posibilidades de vivir.
En cuanto a las malformaciones graves del feto, supuesto contemplado en la ley actual que permite la interrupción del embarazo hasta la semana 22, la SEGO asegura que, "hoy en día se detectan dos tercios de los casos incompatibles con la vida antes de ese límite". Para evitar abortos 'tardíos' en estos casos, proponen mejorar el diagnóstico prenatal, especialmente "la ecografía de la semana 20" (en la que se han de detectar), según ha explicado Rosa Savater, especialista de la sociedad.
"Con los esfuerzos adecuados -apunta el presidente- se podría mejorar [el diagnóstico prenatal], así que no habría tantos casos [en los que realizar un aborto]". Para Bajo Arenas, a partir de la semana 22, habría que hablar de "destrucción de un feto viable o cualquier otro término, no de aborto".
Este especialista ha insistido en la necesidad de sustituir los abortos de tercer trimestre, que implican segmentar el feto dentro del útero materno para facilitar su extracción, por la inducción del parto.
"Triturar un feto con una túrmix hasta hacerlo papilla no se puede considerar aborto", afirma. En el caso de un feto con malformación incompatible con la vida detectada tras la semana 22, desde la SEGO defienden que la madre lo para y que el feto muera.
EL CENTRO DEL DEBATE
El 90% de las interrupciones del embarazo que se hacen España se practica dentro de las primeras 12 semanas. Los abortos que se produjeron en la semana 21 o después en 2005 representaron el 2% del total de los registrados, según un informe presentado por la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI).
Para Francisca García Gallego, vicepresidenta y portavoz de esta asociación, la cuestión está clara: "Han abierto el debate de la viabilidad fetal", que es donde está el quid de la cuestión. "Nosotros también estamos de acuerdo con ese límite, pero no a toda costa".
García Gallego apunta al caso de Reino Unido, donde especialistas en la materia debatieron recientemente recortar el tiempo legal en el que practicar un aborto (de 24 a 22 semanas), propuesta que fue rechazada.
"No se trata de que el feto tenga latido cardiaco, sino de que pueda tener un desarrollo neurológico compatible con una calidad de vida buena", cosa que a las 22 semanas de gestación es difícil.
EDUCACIÓN Y OBJECIÓN
En lo que todas las partes de debate coinciden es en la necesidad de reducir lo máximo posible el número de embarazos no deseados, drama que afecta principalmente a las jóvenes. El 98% de las chicas entre 15 y 19 años no buscaban la gestación y más de la mitad la interrumpen. "El aborto no se puede considerar un procedimiento contraceptivo más y hay que hacer un esfuerzo por evitar los embarazos no deseados", según el presidente.
José Manuel Bajo Arenas ha aclarado que la intención de la sociedad que él preside no es "cambiar la ley", a pesar de la disparidad de conceptos que denuncia y la necesidad de "acompasarlos". "Sólo hablamos a partir de la semana 22 [supuesto despenalizado en nuestro país en caso de peligro de la salud de la madre]. Antes de eso, creemos que está fuera de nuestro papel". El presidente no ha querido entrar en valoraciones de la propuesta de varias organizaciones y sociedades de crear una 'ley de plazos'. Asimismo, ha restado importancia a la cuestión de los diagnósticos tardíos de las malformaciones. "Sólo pretendemos unificar los criterios de lo que es un aborto", ha afirmado.
Desde esta sociedad científica se ha defendido, además, el derecho "inalienable" e "insoslayable" de los médicos a la objeción de conciencia y la necesidad de que las pacientes que se acojan a la ley "tengan todas las garantías".
En este sentido, han pedido al ministro de Sanidad, Bernat Soria, que "no tire la piedra y esconda la mano" sobre la supuesta conducta irregular de algunos profesionales, acogiéndose a la objeción de conciencia para no practicar abortos en la sanidad pública y realizándolos luego en centros privados. Aunque su organización "no es consciente" de esta práctica, ha animado al ministro a identificar a estos sujetos y acusarles ante la Justicia.
Autor: Cristina de Martos
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